La Cámara Federal de Córdoba confirmó la prisión preventiva para cuatro detenidos en la causa por el crimen de Santiago Aguilera, el joven hallado muerto el 21 de agosto de 2022 en Villa Dolores. Lucas Ramón “Tití” Flores, Matías Nahuel “Mini” Castro y Reinaldo Rubén “Zurdo” Rejas son los presuntos coautores del secuestro extorsivo triplemente agravado a Aguilera. La acusación también incluye cargos de robo, ya que durante los agresores despojaron a la víctima de su teléfono celular, billetera y DNI.
El tribunal ratificó también los embargos de 30 millones de pesos sobre los bienes de Flores, Castro y Rejas. La imputación, a cargo de los fiscales Maximiliano Hairabedian y María Schianni, sostiene que los procesados integraron una estructura organizada para ejecutar el secuestro y posterior asesinato de Santiago Aguilera Allende.
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De acuerdo con la investigación, la fase operativa se coordinó presencialmente en un taller mecánico de Villa Dolores, administrado por Rejas y su hijo Lucas, con el objetivo de evitar registros telefónicos. El fallo detalla que la entrega de la víctima se realizó en la zona de Piedra Pintada la noche del 16 de agosto de 2022.
El cruce de sábanas telefónicas y los registros de telefonía móvil vincularon las líneas de Flores, Castro y Rejas con los lugares de captación del joven y posteriormente con el sitio del hallazgo de su cadáver. El joven fue asesinado a golpes y puñaladas en el tórax y el cráneo.
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La Cámara rechazó los planteos y sostuvo que existen elementos de convicción e indicios suficientes para sostener la existencia material de los hechos y la participación penalmente responsable de los acusados. El tribunal convalidó la prisión preventiva como medida cautelar por riesgos procesales y de entorpecimiento.
Santiago Aguilera Allende, un joven de 18 años oriundo de Villa Dolores, Córdoba, fue secuestrado después de intercambiar mensajes con Walter Ezequiel Gil, quien era empleado de la familia. Gil confesó su participación durante el juicio. El secuestro se produjo tras una cita pactada mediante mensajes, lo que facilitó la captura del joven.
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Durante los días posteriores al secuestro, la madre de Santiago Aguilera Allende recibió mensajes extorsivos. Los secuestradores exigieron el pago de 7 millones de pesos a cambio de la vida del joven. La familia aguardó una nueva comunicación que nunca se produjo. Un hombre encontró el cuerpo de Santiago Aguilera Allende en un descampado de la zona de Traslasierra, Córdoba.
El informe forense incluyó la presencia de múltiples perforaciones en la mano de la víctima, producidas con un objeto punzante, posiblemente un destornillador o punzón. Además, se detectaron heridas de arma blanca en el tórax. Los especialistas y el abogado querellante interpretaron estos hallazgos como señales de que Santiago Aguilera Allende fue sometido a castigos y torturas durante su cautiverio.
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La investigación identificó a Walter Ezequiel Gil como principal acusado y la Fiscalía solicitó prisión perpetua para Gil. Lucas Ramón “Tití” Flores,Matías Nahuel “Mini” Castro y Reinaldo Rubén “Zurdo” Rejas, fueron procesados como coautores. También resultaron procesados Carlos Eduardo Hualpa, Pedro Ezequiel González, Marcos Antonio “Markitos” Maldonado, Jorge Alejandro Altamirano y Lucas Emanuel Rejas por distintos grados de participación
Por otro lado, Julio César “Kury” Ramírez fue inicialmente condenado a 12 años de prisión como supuesto partícipe, acusado de colaborar en la planificación o encubrimiento y en la eliminación de evidencias. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revisó su caso, lo absolvió y ordenó su libertad por falta de pruebas técnicas fiables que lo vincularan materialmente con el crimen.
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Tras el desarrollo del juicio, la madre de Santiago Aguilera Allende, Mónica Lucía Allende presentó una denuncia penal contra el fiscal federal Enrique Senestrari, acusandolo de que nunca trató el caso como un secuestro extorsivo y que la falta de acción oportuna impidió hallar con vida a la víctima. El pedido incluyó la remoción del fiscal y fue acompañado de una solicitud formal para que la Justicia provincial se hiciera cargo de la investigación.