El Gobierno abrirá este martes a las 10 de la mañana los primeros sobres técnicos de la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El proceso, que el Ejecutivo esperaba cerrar en agosto y debió postergar por pedidos de las propias empresas interesadas, llega a esta instancia con un condicionante adicional: una medida cautelar de la Justicia bonaerense que limita el alcance de la futura concesión.
La apertura corresponde apenas a la primera de varias etapas previstas en el pliego. Ese día no se conocerá ni el precio ni el nombre del futuro operador, sino que se evaluará si los oferentes cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros exigidos por el Pliego Único de Bases y Condiciones, un documento de 62 páginas elaborado por el Ministerio de Economía que fija las reglas del proceso.
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Una semana antes de la apertura de sobres, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó la apelación presentada por AySA y ratificó una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La resolución, firmada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, obliga a la empresa a abstenerse de “modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar” sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio.
El tribunal no se pronunció sobre la conveniencia de que AySA sea estatal o privada. Su alcance es más puntual: mientras continúe el litigio de fondo, no podrán relajarse las obligaciones actuales de la compañía, y la protección regirá hasta que se realice una evaluación integral de carácter ambiental, sanitario e institucional. Los jueces advirtieron que “la disminución de los parámetros de control de calidad del agua pueden ocasionar un daño inminente a la salud de los habitantes y del medio ambiente de la provincia de Buenos Aires”, y señalaron que el nuevo esquema contractual cuestionado en el expediente, “prima facie”, tendería a reducir exigencias regulatorias, postergar obras críticas y flexibilizar compromisos ya asumidos.
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La cautelar original había sido dictada en junio, luego de que la Defensoría promoviera una acción preventiva de daños ante el riesgo de que el proceso de privatización derivara en menos inversiones, obras postergadas o controles de calidad más laxos. La Cámara resolvió además que la discusión de fondo continúe en la Justicia federal, dado que involucra la aplicación del marco regulatorio nacional y la participación mayoritaria del Estado en la empresa.
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó las condiciones del proceso: “Una privatización en los términos que busca AySA y el gobierno nacional entregaría a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia de cumplir la obligación de provisión de agua potable y dejándole el pasivo ambiental para que se haga cargo la Provincia, los municipios o los habitantes con su salud”, afirmó. Lorenzino también planteó que “el agua potable es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a la flexibilización de contratos ni al recorte de inversiones” y adelantó que la Defensoría seguirá exigiendo el sostenimiento de las condiciones actuales del servicio.
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Según el análisis de los abogados oficiales, la resolución judicial no ordena expresamente cancelar la licitación, y mientras no se concrete el traspaso efectivo de la empresa a un nuevo operador, no habría incumplimiento de la orden judicial.
El pliego establece un proceso de etapa múltiple. En la primera, la que se abre este martes, la Comisión de Evaluación analiza si las ofertas cumplen los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros. Solo los oferentes que superen ese filtro pasan a la segunda etapa, donde se abren las ofertas económicas propiamente dichas.
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El criterio de adjudicación en esta parte del proceso es más directo: se considera ganadora a la oferta que contenga el mayor precio en dólares. El documento prevé además un mecanismo de desempate: si entre la propuesta mejor ubicada y las siguientes existe una diferencia igual o menor al 5%, se declara un empate técnico y la Comisión pide a los oferentes empatados que mejoren su propuesta en el plazo de un día hábil. Si el empate persiste, el procedimiento se repite tantas veces como sea necesario.
El pliego no fija un precio base público, aunque sí existe una tasación de referencia con un “rango de sensibilidad”, establecido por la Resolución 1198/25, que funciona como piso: si el precio ofertado queda por debajo del mínimo de ese rango, la Comisión puede considerar la oferta inconveniente para el interés público. El propio contrato de compraventa de acciones, anexo al pliego, todavía tiene el monto en blanco: “el precio total de las acciones adquiridas asciende a la suma de [ ] dólares estadounidenses”, una fórmula que confirma que la cifra final surgirá recién de la puja entre oferentes.
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El gobierno, en tanto, espera recaudar una suma de alrededor de USD 500 millones con la venta del 90% de las acciones de la compañía.
El pliego fija barreras de entrada altas para quien aspire a convertirse en operador técnico de AySA. Entre ellas, exige acreditar al menos cinco años de experiencia, dentro de los últimos 10, en la operación de servicios de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de como mínimo 1.500.000 habitantes y 500.000 usuarios servidos.
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En el plano financiero, el oferente debe demostrar haber gestionado o participado en financiamientos vinculados a infraestructura, servicios públicos o actividades de escala comparable a AySA por un monto acumulado no inferior a USD 150 millones durante la última década. A eso se suma la exigencia de un patrimonio neto consolidado de al menos USD 300 millones, requisito que en el caso de fondos de capital privado o consorcios se eleva a USD 1.000 millones en activos bajo gestión.
El documento excluye además a empresas controladas por Estados extranjeros o por entes estatales de otros países, una cláusula que en la práctica veta a operadoras estatales aunque cumplan con los requisitos técnicos y financieros. También quedan fuera del proceso las firmas incluidas en listas de sanciones del Tesoro de Estados Unidos, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
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Entre los interesados que circularon en las instancias previas de consulta figuran el Grupo Roggio —operador actual de Aguas Cordobesas— y el empresario Mauricio Filiberti, ambos en conversaciones con socios internacionales para presentar propuestas conjuntas. También estuvieron en la órbita del proceso las brasileñas Sabesp y Águas do Rio, aunque su participación quedó condicionada por el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas, y la chilena Aguas Andinas, controlada por el grupo francés Veolia, que finalmente no presentaría oferta. La israelí Mekorot, estatal, quedaría de todos modos excluida por la cláusula que veta a operadores controlados por gobiernos extranjeros.