Miles de personas han salido a protestar en toda España después de que las autoridades hayan desahuciado a Maricarmen Abascal de su vivienda en Madrid.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Maricarmen, de 87 años, había vivido allí más de 70 años. Las imágenes de la Policía retirándola por la fuerza del piso en una camilla han convertido ahora la disputa legal en una lucha simbólica para los activistas por el derecho a la vivienda.
Los manifestantes han marchado por Madrid, han acampado en la Puerta del Sol y han organizado concentraciones en otras ciudades españolas.
Están utilizando el caso de Maricarmen para denunciar la crisis de la vivienda en general, con alquileres al alza y escasez de casas asequibles, que alimentan el temor de que los inquilinos ya no puedan permitirse seguir viviendo en las grandes ciudades.
La situación se ha convertido en un debate muy politizado, que ha alimentado varias afirmaciones falsas y engañosas, además de contenidos editados de forma selectiva.
Una decisión legal
Una de las afirmaciones más difundidas en internet es que el desahucio de Maricarmen fue "ilegal". Esto es falso: los tribunales autorizaron el desalojo tras una disputa de años sobre un contrato de alquiler protegido que se remonta a la década de 1950. Se ejecutó en virtud de una orden judicial válida, pese a la polémica que ha generado.
El contrato de alquiler lo tenía inicialmente el padre de Maricarmen, luego pasó a su madre y después a la propia Maricarmen. Los tribunales determinaron que esta segunda subrogación solo podía mantenerse durante dos años, salvo que Maricarmen tuviera reconocida una discapacidad superior al 65%; las autoridades reconocen en su caso un 50%.
El Tribunal Supremo de España respaldó la postura de la propiedad, lo que implica que el antiguo alquiler protegido había expirado legalmente y que la empresa podía recuperar el piso. El desahucio fue, por tanto, conforme a la ley.
El objetivo de las protestas
Así que, al contrario de lo que sugieren algunos titulares engañosos, los manifestantes no discuten si el desahucio fue legal, sino si fue justo.
En parte, esto se debe a que, bajo las leyes de la dictadura de Francisco Franco, las mujeres casadas no podían firmar por sí mismas contratos financieros ni contratos de alquiler de vivienda.
La madre de Maricarmen solo pudo heredar el contrato de alquiler por subrogación tras la muerte de su marido. Si hubiera sido copropietaria o cotitular desde el inicio, la herencia del contrato por parte de Maricarmen habría contado como la primera subrogación, lo que habría protegido legalmente su derecho a permanecer de por vida en la vivienda.
Los manifestantes también recuerdan que Maricarmen tiene 87 años, que ha vivido en el inmueble durante más de siete décadas y que ha seguido pagando su alquiler protegido.
Tras la finalización del antiguo contrato, la empresa gestora Urbagestión propuso un alquiler de unos 1.650 euros al mes, muy por encima de los aproximadamente 440 a 500 euros que venía pagando. Esa cantidad supera su pensión mensual, de unos 1.350 euros, lo que en la práctica expulsa a una inquilina vulnerable de larga duración porque no puede asumir el nuevo precio.
Los manifestantes reclaman mayores protecciones frente a los desahucios de inquilinos vulnerables, contratos de alquiler más largos o renovados de forma automática y límites más estrictos a las subidas del alquiler.
Algunos colectivos también piden normas más duras contra las prácticas especulativas en el mercado de la vivienda y una mayor intervención pública en el mercado del alquiler. Ahora presionan al Parlamento para que apruebe nuevas protecciones para los inquilinos vulnerables y contratos de mayor duración.
Otras afirmaciones falsas y engañosas
Otra afirmación discutida que circula en internet sostiene que el Sindicato de Inquilinas, el principal sindicato de inquilinos de España, impidió que Maricarmen llegara a un acuerdo con la propiedad antes del desahucio.
Urbagestión afirma que el sindicato dificultó contactar directamente con Maricarmen, mientras que el abogado de ella sostiene lo contrario: que fue la empresa la que rechazó los reiterados intentos de negociar.
Urbagestión también ha acusado a personas implicadas en el conflicto de coacciones, extorsión y de piratear teléfonos y cuentas de correo electrónico. Sin embargo, la empresa no aportó pruebas de estas acusaciones en las informaciones revisadas por verificadores como el medio español Maldita.es.
Otra afirmación engañosa procede de un vídeo recortado de la propia Maricarmen. En ese fragmento, parece responsabilizar específicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su situación, pero la entrevista completa añade más nombres: también critica a la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (ambos del partido de derechas Partido Popular) y a la propia Urbagestión. El vídeo utiliza por tanto una cita real, pero elimina el contexto más amplio de su respuesta.
Una mentira aparte afectó a dos manifestantes identificados como "Irene y Pablo", que hablaron con elDiario.es en un campamento de protesta en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid. Algunos usuarios de redes sociales sugirieron que se trataba de Pablo Iglesias, ex líder del partido de extrema izquierda Podemos, y de la eurodiputada Irene Montero, del mismo partido.
Sin embargo, basta echar un vistazo al propio artículo para ver que en realidad se trata de una mujer de 28 años y un hombre de 37, sin ninguna indicación de que fueran los políticos mencionados.
Los próximos pasos
Maricarmen ha aceptado ahora un acuerdo que le permitirá regresar al piso una vez que salga del hospital. Según el nuevo pacto, pagará una cantidad similar a la de su anterior alquiler, unos 500 euros al mes, limitada al 30% de sus ingresos. El acuerdo crea un nuevo contrato de arrendamiento; no anula la resolución judicial que dio por terminado su antiguo alquiler protegido.
Mientras tanto, el Gobierno de España ha propuesto medidas que ampliarían algunas protecciones frente a desahucios y alargarían los contratos de alquiler, pero el Parlamento aún tiene que aprobarlas. Por eso, los manifestantes continúan con su campaña y presionan a los responsables políticos para que adopten esas medidas, al tiempo que reclaman reformas más amplias del sistema de vivienda en España.