Por Sofía Álvarez25 JULIO 2026
Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) desarmó a una organización dedicada a la trata de personas y a la explotación sexual en Calama, Región de Antofagasta.
Los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la audiencia de formalización indicaron que la red captaba principalmente a mujeres extranjeras, a través de ofertas laborales engañosas que ocultaban la naturaleza de la actividad para la que eran reclutadas.
Las víctimas eran posteriormente acogidas en diferentes sitios administrados por la estructura criminal, con condiciones de desplazamiento y permanencia sujetas al control de los imputados.
La investigación, que se extendió por cerca de seis meses, estuvo a cargo de la Agrupación Investigadora de Trata de Personas (BRIANT) de la PDI. Con ella se estableció que la agrupación operaba al menos desde el 2021.
Las diligencias para llegar a la red comenzaron con un análisis de publicaciones en internet donde se ofrecían servicios sexuales. A partir de esa pista, los funcionarios lograron esclarecer el funcionamiento de la organización, los sitios utilizados para la comisión de los ilícitos y la participación de sus integrantes.
Asimismo, mediante la indagatoria reunieron antecedentes sobre el funcionamiento financiero de la red, con un sistema de pago electrónico y otros mecanismos para incorporar al sistema financiero formal recursos originados en la explotación de las víctimas.
De este modo, se ejecutaron órdenes judiciales de entrada y registro en diversos inmuebles de la ciudad de manera simultánea. El procedimiento culminó con la detención de seis personas de nacionalidad peruana.
Durante estos allanamientos los funcionarios rescataron a diez víctimas de nacionalidad extranjera e incautaron diferentes elementos de interés para la investigación, como dispositivos para procesar los pagos electrónicos asociados a la actividad ilícita.
Los uniformados también incautaron registros contables que daban cuenta del funcionamiento del grupo y sobre 41 millones de pesos en efectivo, cuyo origen lícito no pudo ser justificado.
“Estamos en presencia de un delito que nos parece de la mayor gravedad, porque afecta la dignidad misma de las personas, en este caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, que eran captadas mediante ofertas laborales y sometidas a todo tipo de apremios por los integrantes de esta organización”, afirmó el fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
El prefecto inspector Freddy Castro, jefe de la Región Policial de Antofagasta, detalló que la indagatoria sigue en curso.
Los imputados fueron formalizados por el Ministerio Público por delitos de lavado de activos, asociación criminal y trata de personas con fines de explotación sexual.
El tribunal fijó la medida cautelar de prisión preventiva para cinco de los detenidos, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. El sexto individuo partícipe quedó con diferentes medidas cautelares.
El plazo de investigación quedó establecido para 90 días, donde la PDI y la Fiscalía deberán seguir desarrollando diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.