Las autoridades de Cuba confiscaron 18 vehículos que, según una inspección oficial, utilizaban aceite dieléctrico o de transformadores mezclado con combustible, una práctica vinculada a robos de ese fluido en instalaciones del sistema eléctrico nacional. La medida afectó en su mayoría a transportistas privados, de acuerdo con información publicada por El Nuevo Herald.
El diario oficial Granma, citado por el medio estadounidense, informó que las autoridades revisaron 105 vehículos en una provincia cuya identidad no fue revelada. Los análisis detectaron rastros de aceite dieléctrico en 21 de ellos y derivaron en la ocupación de 18 unidades. El teniente coronel Carlos Martínez González, de la Seguridad del Estado, explicó que los controles buscan identificar la sustancia en los depósitos de combustible.
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El aceite de transformadores puede emplearse como carburante tras su mezcla con otros productos, aunque su extracción de las redes eléctricas puede inutilizar equipos y afectar el suministro de energía. La publicación no detalló las características de los vehículos retenidos ni precisó si sus propietarios enfrentan cargos penales.
La legislación cubana contempla sanciones accesorias sobre bienes que hayan servido como instrumentos o efectos de un delito, aunque la decisión final corresponde a los tribunales, según las circunstancias de cada expediente.
Martínez González, teniente coronel de la Seguridad del Estado, afirmó que, entre 2025 y el primer semestre de 2026, se abrieron en el país más de 460 investigaciones penales por presuntos delitos contra el sistema eléctrico nacional. Los casos incluyeron sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación.
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Rayma Velázquez, fiscal jefa del departamento de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, señaló que la detección de aceite dieléctrico en un vehículo puede motivar una respuesta judicial si existen elementos que permitan sostener la comisión de un delito.
El fluido cumple una función técnica en los transformadores, donde contribuye al aislamiento y la refrigeración de los componentes. Su sustracción puede provocar averías que requieren reparaciones complejas o el reemplazo de equipos, además de dejar a barrios o comunidades sin electricidad.
Las autoridades cubanas encuadran algunos de estos casos bajo la figura de sabotaje, que prevé penas de siete a 15 años de prisión. Si concurren circunstancias consideradas de mayor gravedad, las condenas pueden ir de 10 a 30 años, incluir prisión perpetua o, en los casos más graves, la pena de muerte.
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El oficial citó como antecedente un hecho ocurrido en Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, donde la comunidad de San José de Marcos permaneció sin servicio eléctrico durante más de 30 días. Según su versión, el corte se produjo tras el supuesto robo de unos 1.000 litros de aceite dieléctrico de un transformador.
Tres personas fueron identificadas como presuntas responsables de ese caso y quedaron bajo prisión provisional como medida cautelar, indicó Martínez González. No se informó cuándo ocurrió la sustracción ni qué daños sufrió la infraestructura eléctrica.
Los controles sobre vehículos se producen en medio de una crisis de combustible y de apagones que afecta a la isla. El uso del aceite dieléctrico como sustituto de otros carburantes aparece, según las autoridades, junto con robos de componentes en parques de paneles solares y otros delitos relacionados con la red eléctrica.
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La ocupación de los 18 vehículos se conoció el 5 de septiembre, mientras el Gobierno cubano intenta contener las pérdidas de materiales y fluidos destinados a sostener el funcionamiento de su infraestructura energética.