El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la colocación de "boyas en el espigón" fronterizo de Ceuta para delimitar visualmente la frontera marítima con Marruecos y facilitar la vuelta inmediata de quienes accedan irregularmente. Esta es la solución planteada por el Ejecutivo para cumplir la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que impide el retorno exprés de las personas interceptadas en el mar al considerar que, a diferencia de lo que ocurre en los pasos terrestres, no existe una línea fronteriza física claramente identificable. Sánchez ha calificado lo sucedido en Ceuta como una "violación de la integridad territorial" de España, aunque sin señalar directamente a Marruecos, y lo ha atribuido a las mafias de tráfico de personas, a las que acusa de aprovechar la resolución judicial para promover los cruces por el espigón.
Tras participar en una reunión de coordinación con las autoridades de Ceuta, Sánchez ha explicado que la instalación de estas boyas permitiría señalar de forma visible el punto a partir del cual se considera que una persona ha entrado en territorio español. El objetivo del Gobierno es que quienes sean interceptados antes de rebasar esa delimitación puedan ser entregados inmediatamente a Marruecos y sortear así el vacío que, según el Tribunal Supremo, genera la inexistencia de una frontera física claramente identificable en el mar.
La propuesta llega después de que cerca de 50.000 personas hayan sobrepasado masivamente la frontera en los últimos días, en una crisis que se ha cobrado ya decenas de vidas y que constituye el episodio de mayor presión migratoria registrado en la frontera con Marruecos en lo que va de siglo. Sánchez ha condenado "en el nivel más enérgico y de rechazo" lo que ha definido como una "violación de la integridad territorial" de España, aunque ha evitado responsabilizar directamente a Rabat y, de hecho, ha subrayado la cooperación entre ambos países.
Al igual que Marruecos, el presidente insiste en atribuir lo ocurrido a una "lectura interesada" de la sentencia del Supremo que, según ha afirmado, se ha propagado "como la pólvora" a través de las redes de tráfico de personas hasta provocar "una avalancha". Aunque ha aludido a la crisis migratoria de 2021, desencadenada tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha evitado establecer paralelismos políticos entre ambos episodios y ha insistido en que las entradas de estos días "rompen la tónica" de reducción sostenida de los flujos migratorios, que el pasado año descendieron en torno a un 36%.
Sánchez ha reivindicado por ello la cooperación con Marruecos para "luchar, como venimos haciendo", contra las mafias que trafican con seres humanos. También ha agradecido la disposición de las autoridades marroquíes y ha confiado en que el compromiso para agilizar las repatriaciones se materialice "cuanto antes".
Como respuesta "coyuntural" a lo sucedido, ha planteado la colocación de las boyas en el espigón fronterizo de Ceuta, algo que el Gobierno ha encargado a la empresa pública Salvamento Marítimo, en colaboración con la Armada y la Guardia Civil. El objetivo es delimitar esta referencia física para que las personas interceptadas antes de sobrepasarla puedan ser entregadas de inmediato a Marruecos, mientras que, una vez rebasada, se considerarían ya dentro de España y quedarían sometidas a los procedimientos y garantías previstos por la legislación de extranjería.
En cuanto a las personas que están regresando a Marruecos después de haber entrado irregularmente en Ceuta, fuentes de Interior aseguran que durante la mañana de este viernes las devoluciones habían alcanzado ya las 25.000, aproximadamente la mitad de las llegadas contabilizadas hasta el momento. Según los cálculos del Gobierno, las salidas "voluntarias" desde la ciudad autónoma se están produciendo a un ritmo de unas 150 personas por minuto. Sánchez ha puesto en valor la rapidez del proceso y ha recordado que este viernes se reunirá la comisión de asilo para avanzar en la "materialización de los expedientes" pendientes. El objetivo es revisar la situación individual de quienes hayan solicitado protección internacional y completar los trámites necesarios para agilizar la repatriación de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
Además, Sánchez también ha abierto la puerta a "modificar algunos aspectos de las leyes" para que las repatriaciones se puedan hacer "de la manera más eficiente posible", y se ha comprometido a "hacerse cargo" de la situación utilizando "todos los resortes del Estado" y recursos para "garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en Ceuta". "Siempre lo hemos venido desplegando. El compromiso es rotundo, total e inequívoco con el presente y futuro de Ceuta", ha plasmado.