Las primeras semanas del nuevo Gobierno han dejado una señal clara: existe conciencia de que el Perú necesita crecer más, pero también de que para lograrlo será indispensable recuperar espacio fiscal. El problema es que ambas tareas no siempre avanzan al mismo ritmo. Mientras los anuncios de gasto comienzan a materializarse rápidamente, las reformas que permitirían financiarlos de manera sostenible corren el riesgo de quedarse rezagadas.
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Las primeras señales del Gobierno fueron, en general, positivas. Más allá del anuncio para las graderías de incrementar la Remuneración Mínima Vital y la duplicación de Pensión 65, trascendió el borrador del pedido de facultades legislativas, cuyo eje central era recuperar la productividad. Esa orientación fue probablemente la noticia económica más importante de las primeras semanas y contribuyó a reforzar las expectativas empresariales hasta sus niveles más altos de los últimos años.
El Consejo Privado de Competitividad ha mostrado que el gasto en personal y obligaciones sociales aumentó 41% entre los dos últimos quinquenios. (Foto: Andina)
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Igualmente importante fue que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciara que recurrirá al Tribunal Constitucional para cuestionar diversas leyes aprobadas por el Congreso anterior con iniciativa de gasto, particularmente aquellas relacionadas con pensiones para maestros y militares, beneficios para trabajadores CAS y la homologación del CAFAE. Si estas normas llegaran a implementarse plenamente, el déficit fiscal podría acercarse a 3% del PBI de manera permanente y con ello correr el riesgo de que la deuda pública crezca de manera explosiva. Detener estas leyes inconstitucionales es fundamental para darle al MEF el espacio fiscal para avanzar en su ya anunciada flexibilización de la trayectoria de convergencia del déficit fiscal y del ancla de deuda pública para atender las crecientes demandas sociales y los nuevos riesgos que enfrenta el país.
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Flexibilizar la regla fiscal es perfectamente legítimo. El nuevo Gobierno ha recibido un campo de juego particularmente complejo. La segunda vuelta volvió a mostrar un país dividido entre un Perú moderno e integrado a la economía y otro donde la pobreza, la informalidad y la ausencia de oportunidades siguen siendo la norma. Atender esas brechas exigirá fortalecer programas sociales. Al mismo tiempo, los pronósticos apuntan a un Fenómeno de El Niño de intensidad importante que, tomando como referencia el episodio del 2023, podría requerir alrededor de S/ 4,000 millones adicionales para prevención, atención de emergencias y reconstrucción. A ello se suma el reciente anuncio de un subsidio focalizado para mitigar el incremento del precio de los combustibles en determinadas zonas del país. Las presiones por más dispendio fiscal podrían irse acumulando rápidamente.
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Precisamente porque las necesidades son crecientes, en primer lugar, el Gobierno deberá administrar con enorme prudencia los nuevos compromisos permanentes de gasto. De poco serviría flexibilizar la regla fiscal si ese mayor margen termina consumiéndose rápidamente en obligaciones difíciles de revertir. En esa línea, deberá empezar por cumplir con su promesa de no permitir que pasen las leyes inconstitucionales de gasto comentadas. Retroceder sería una señal terrible para la confianza de los mercados.
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En segundo lugar, hay oportunidades de lograr reducciones de gasto público. El Consejo Privado de Competitividad ha mostrado que el gasto en personal y obligaciones sociales aumentó 41% entre los dos últimos quinquenios. Si bien reducir planillas puede ser complicado, sí existe margen para revisar otros componentes del gasto como el de consultorías y locación de servicios que se incrementó en casi 100% entre el 2021 y el 2026, representando ya más de S/ 10,000 millones, equivalentes aproximadamente al 1% del PBI. Hay que buscar más fuentes de ahorro en el aparato estatal.
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La tercera, y con diferencia la más importante, consiste en crear nuevo espacio fiscal aumentando el crecimiento potencial de la economía con reformas proproductividad, como las conocidas en el borrador de pedido de facultades. Aquí suele perderse de vista una idea fundamental: el crecimiento no solo genera empleo e ingresos, sino que fortalece automáticamente las finanzas públicas. Un ejercicio sencillo de sostenibilidad financiera muestra que, incluso si el Perú adoptara una regla de déficit de 1.5% del PBI, con un crecimiento de apenas 3% anual la deuda pública se estabilizaría alrededor de 32% del PBI hacia el 2040, un nivel que seguiría siendo de los más bajos de América Latina. Pero si las reformas lograran elevar el crecimiento sostenido hasta 5% anual, esa misma regla permitiría reducir la deuda hasta aproximadamente 25% del PBI. En otras palabras, sin modificar nuevamente la regla fiscal, el país ganaría alrededor de seis puntos del PBI de espacio fiscal simplemente creciendo más. Esa es la principal lección: el crecimiento sostenible compra mucho más espacio fiscal que cualquier modificación de la regla del déficit.
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Buscar espacio fiscal será una de las tareas más importantes de este Gobierno, para lo cual deberá avanzar decididamente con la agenda de productividad que anunció y que tanto ha contribuido a fortalecer las expectativas empresariales. Ojalá que las comisiones presidenciales encargadas de las reformas laboral, de inversión pública y de administración tributaria no terminen siendo un espacio más de discusión y buenos diagnósticos, sino el vehículo para construir propuestas ambiciosas, técnicamente sólidas y políticamente viables. Si esas reformas se diluyen mientras los compromisos de gasto siguen acumulándose, el país puede terminar con más obligaciones permanentes, pero sin la capacidad de financiarlas sosteniblemente.
David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad.
SOBRE EL AUTOR
Exministro de Economía.