El Perú registró 463 denuncias por secuestro durante septiembre de 2026, la cifra mensual más alta en lo que va del año, según datos del Ministerio Público. El promedio equivale a cerca de 15 denuncias al día, en un contexto en el que las bandas criminales recurren a métodos cada vez más violentos para retener a sus víctimas y exigir dinero a cambio de su liberación.
Las imágenes de un intento de secuestro en el distrito limeño de Chorrillos, donde un disparo frustró la operación de los delincuentes, reflejan la violencia que acompaña a esta modalidad delictiva. El caso se suma a una serie de hechos que han encendido las alertas sobre el incremento de los secuestros extorsivos en el país.
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El exviceministro del Interior Ricardo Valdés advirtió en el informe de ATV Noticias que el aumento de los secuestros marca un cambio respecto de años anteriores, cuando este delito había disminuido considerablemente.
“Hace muchos años que no veíamos este incremento de los secuestros”, señaló, al referirse a la reaparición de esta modalidad criminal con mayor intensidad.
Uno de los cambios identificados es la duración y la violencia de los plagios. Según Valdés, el secuestro exprés, que anteriormente consistía en retener a una persona para obligarla a retirar dinero de un cajero automático y liberarla poco después, ha dado paso a hechos más prolongados.
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“Ya el secuestro exprés ha dejado de ser exprés. Se ha convertido realmente en un secuestro mucho más intenso, clásico”, explicó.
En estos casos, los delincuentes exigen sumas de dinero a los familiares de las víctimas a cambio de su liberación. Las comunicaciones telefónicas y las solicitudes de depósitos forman parte de la presión ejercida sobre los allegados, quienes deben afrontar la incertidumbre sobre el estado de sus familiares.
Bandas criminales apuntan a personas vinculadas con negocios informales
Otro aspecto señalado por Valdés es el perfil de las víctimas. De acuerdo con el exviceministro, las organizaciones criminales están dirigiendo su atención hacia personas relacionadas con negocios informales, a quienes consideran objetivos para exigir rescates.
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El especialista mencionó el caso de Jens Lara, ocurrido en Trujillo, como ejemplo de esta tendencia. Según su análisis, los delincuentes pueden considerar que quienes desarrollan actividades económicas informales manejan dinero cuyo origen o movimiento resulta menos transparente.
“Esas personas se vienen convirtiendo en estos momentos en la víctima predilecta”, sostuvo Valdés.
Esta selección de objetivos evidencia que los secuestros extorsivos no solo representan un riesgo para la integridad física de las víctimas, sino que también afectan a sus familias y entornos económicos, sometidos a exigencias de dinero y amenazas durante las negociaciones para conseguir su liberación.
La incidencia de estos delitos también quedó reflejada en Lima Metropolitana. Según el informe televisivo, el 25 de septiembre se reportaron tres secuestros en menos de 48 horas, todos vinculados con exigencias económicas para liberar a las víctimas.
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A nivel nacional, las 463 denuncias contabilizadas durante septiembre representan un promedio de aproximadamente 15 reportes diarios. Esta cifra corresponde a denuncias registradas y no necesariamente al número total de víctimas, ya que los datos citados no precisan si cada denuncia corresponde a una persona distinta.
El incremento de los secuestros ocurre mientras el Gobierno de Keiko Fujimori recibió facultades legislativas solicitadas en materia de seguridad ciudadana, según lo señalado en el informe.
La administración deberá concretar las medidas anunciadas para enfrentar la delincuencia, en un escenario marcado por el avance de los secuestros extorsivos y la mayor violencia descrita por especialistas.
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