Luego de algunas controversias y críticas contra el Gobierno Petro sobre los cambios en los manuales de funciones de algunas entidades para, presuntamente, favorecer nombramientos, en el Congreso de la República se está debatiendo un proyecto de ley que buscaría prohibir este tipo de modificaciones, especialmente, con el fin de que personas no capacitadas acceder a puestos directivos. El autor de la iniciativa legislativa fue el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid.
Sin embargo, a través de mensajes de líderes políticos en redes sociales se conocieron objeciones que llegaron directamente desde Presidencia de la República al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil.
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Al respecto, algunas voces, especialmente del partido uribista, reaccionaron. La senadora María Claudia Posada, a través de una detallada publicación en su perfil de X, criticó la decisión del Gobierno nacional de objetar el proyecto.
Según la funcionaria, la iniciativa fue aprobada con esfuerzo en el anterior Congreso, incluso ante la oposición del Ejecutivo.
Posada calificó de “inadmisible” que el actual Gobierno se oponga al proyecto, al señalar que esa práctica “perversa” de modificar los requisitos de los cargos directivos se denunció durante la administración de Gustavo Petro, y fue visible la afectación de la capacidad técnica de varios sectores.
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Para la senadora, resulta paradójico que la administración del presidente De la Espriella, respaldada por el partido, ahora objete la norma.
La congresista desglosó las objeciones —entre las de inconstitucionalidad y las de inconveniencia— planteadas por el Gobierno y las tildó de infundadas. Uno de los puntos centrales de la objeción es la exigencia de un concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado cuando una entidad pretenda disminuir los requisitos para cargos directivos.
La senadora también rechazó el argumento gubernamental de que la ley debía tramitarse como estatutaria, al considerar que el requerimiento de un concepto previo no altera las competencias de la Rama Judicial ni modifica la naturaleza consultiva del Consejo de Estado. Además, defendió la potestad del Congreso para fijar parámetros específicos sobre los requisitos de los cargos públicos, subrayando que la función reglamentaria del presidente debe ceñirse a lo establecido por la ley.
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En su explicación, Posada sostuvo que endurecer los requisitos para cargos de libre nombramiento y remoción no anula la “discrecionalidad del nominador”, siempre que los designados cumplan con los perfiles exigidos. Incluso, la senadora criticó la posibilidad de eliminar requisitos bajo el argumento de “agilizar” la administración, advirtiendo que esto podría derivar en el nombramiento de personas sin el perfil adecuado para puestos de alta responsabilidad.
Respecto a la proporcionalidad de las sanciones, la congresista defendió la inhabilidad de 10 a 20 años para funcionarios que modifiquen los manuales de funciones a fin de facilitar el acceso de personas no capacitadas a cargos directivos. Para Posada, esa conducta representa una amenaza para la adecuada gestión de los recursos públicos.
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Sobre la supuesta falta de claridad del proyecto, la senadora argumentó que la norma se circunscribe a la Rama Ejecutiva y no afecta la unidad de materia ni la seguridad jurídica del sector público.
En cuanto a las objeciones por inconveniencia, la senadora del Centro Democrático señaló que el proyecto no contradice el Decreto Ley 770 de 2005, ya que este solo exige título profesional y experiencia, sin precisar el tiempo ni la especialidad, y permite que se reduzcan los requisitos en casos específicos. Insistió en que la actualización de las normas es función del Congreso y que la reforma busca garantizar calidad y mérito en el acceso a la administración pública.
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Posada rechazó que exigir altos perfiles académicos y profesionales sea una medida elitista. Justificó la exigencia de experiencia y formación para quienes ocupan cargos directivos, reiterando que “no se trata de una pasantía, sino de tomar decisiones de política pública que afectan a 50 millones de personas”.
La senadora concluyó invitando al Gobierno del presidente De La Espriella a reconsiderar las objeciones y a priorizar el mérito y el esfuerzo de los colombianos en el acceso a los cargos públicos.
El senador Hernán Cadavid se refirió a las objeciones presentadas por el Gobierno nacional al proyecto de ley de su autoría que prohíbe la reducción de requisitos para acceder a cargos públicos.
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Cadavid sostuvo que la iniciativa no limita las facultades del Ejecutivo, ya que este puede seguir designando libremente, pero entre quienes cumplan los criterios establecidos por la ley.
El congresista señaló que el concepto solicitado al Consejo de Estado es consultivo y no vinculante, y defendió la competencia del Congreso para fijar requisitos mínimos para estos cargos.
“El proyecto tiene como propósito evitar que arbitrariamente los gobiernos disminuyan los requisitos para los cargos de importancia a nivel central”, afirmó Cadavid.
El senador expresó que no comprende los argumentos de inconveniencia e inconstitucionalidad planteados por el Gobierno y reiteró la disposición de defender la iniciativa tanto en la plenaria del Senado como en la Cámara de Representantes. “Privilegiar el mérito no es paralizar al Estado”, concluyó.
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