El impacto va más allá de las pérdidas por el freno total de la actividad tras la entrada masiva de irregulares. La patronal ceutí advierte de que tardará en recuperarse la normalidad.
"La economía de Ceuta va a tardar tiempo en recuperarse". Es la frase que resume el pesar de los empresarios de la ciudad autónoma y el golpe sobre las perspectivas económicas para los próximos meses que ha dilapidado la entrada masiva de entre 50.000 y 60.000 inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. Así lo explica la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, en una entrevista con EXPANSIÓN, que señala un triple impacto económico del que llevará tiempo sobreponerse.
Primero porque durante la tarde del jueves y todo el viernes pasado los comercios y negocios de la ciudad autónoma echaron el cierre de forma total. Ya el sábado se comenzaron a abrir algunos establecimientos, aunque muchos decidieron mantener la persiana bajada, y aunque ayer el centro de la ciudad aparentaba normalidad, muchos pequeños negocios de extrarradio aún permanecían cerrados por los problemas de agolpamiento de personas en las calles -quienes aún no han regresado a Marruecos, que, según Delegación del Gobierno, ascendían ayer a 2.500 personas-.
En segundo lugar, la patronal de empresarios ceutíes advierte del grave perjuicio por la cancelación de la semana de feria que debería de haber arrancado ayer. Aquí, por un lado está el de los establecimientos de hostelería: "abastecimiento de todas esas casetas, todas las compras de todos los bienes para para una semana de de feria", explica la presidenta de CECE. Y, por otro lado está el coste de los propios feriantes que no podrán instalar las atracciones -y que también asumen los gastos de aduanas por el traslado de maquinaria a la ciudad-.
Al no estar Ceuta dentro de territorio aduanero de la Unión Europea, los envíos de productos y traslados de maquinaria están sometidos a férreos controles y cargas burocráticas. Recientemente, la Confederación de empresarios ceutíes denunciaba las trabas y los costes derivados de Nota Informativa NIN 2/2026 -que entró en vigor el 1 de julio de 2026-, aprobada por la Sede Desconcentrada de Aduanas e Impuestos Especiales de Algeciras que eliminó la diferenciación que hasta ahora tenían las mercancías con destino a Ceuta, incluyéndolas en el mismo circuito que el resto de las exportaciones de todo el mundo que salen por el Puerto de Algeciras.
Desde entonces se han producido episodios de camiones parados hasta dos días, unos 300 euros de coste por vehículo inmovilizado, parkings desbordados, ferris perdidos, problemas con los tacógrafos, mercancía refrigerada en riesgo de estropearse y transportistas planteándose dejar de hacer la ruta. Además, se suman otros costes aduaneros como la emisión del DUA (Documento Único Administrativo) y las tasas portuarias.
En tercer lugar, está el coste reputacional. Aunque Ceuta no es un destino de turismo de masas, las actividades relacionadas con la llegada de visitantes constituyen uno de los principales motores económicos, especialmente en los meses de verano. Tal y como señala Arantxa Campos, desde el jueves pasado están siendo informados de una cascada de cancelaciones en los alojamientos de la ciudad. Y aquí, el impacto es en cascada: a estas cancelaciones le suceden las anulaciones de servicios asociados (como las embarcaciones de recreo) y una caída de consumo que se traslada a los establecimientos hosteleros.
Por ello, aun con la vuelta a una relativa normalidad, la presidenta de CECE advierte de que los negocios cuentan con un 50% menos de clientela potencial, entre los visitantes que han adelantado su salida y los que han cancelado su llegada por los sucesos. Lo que tendrá un impacto directo sobre la facturación. Arantxa Campos recuerda que la práctica totalidad del Producto Interior Bruto (PIB) de la ciudad proviene del sector servicios, ya que no se cuenta con industria ni agricultura.
En este sentido, sobre la caída de la facturación, desde CECE recuerdan que uno de los atractivos de la ciudad es la exención del IVA ya que se aplica el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), cuyos tipos son sensiblemente inferiores oscilando entre el 0,5% y el 10%, lo que hace que muchos productos tengan precios inferiores a los de la Península. Por lo que al consumo intrínseco del turismo esta circunstancia lleva también a la realización de compras de ciertos productos (como tabaco, alcohol, electrónica, etc.).
En este punto, aunque desde CECE no han podido cifrar el coste total de la crisis migratoria, la patronal prepara una ofensiva para reclamar ayudas a las Administraciones Públicas. Según ha podido saber EXPANSIÓN, la Confederación ha acordado en la reunión de su comité ejecutivo elevar una reclamación de indemnizaciones económicas por los cierres totales, el cierre de la feria y el coste por las cancelaciones turísticas.
Según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, Ceuta cuenta en estos momentos con 1.951 empresas y autónomos que tienen trabajadores a su cargo inscritos, y un total de 3.061 trabajadores por cuenta propia.
Por su parte, la Cámara de Comercio de España, desde donde exigen tomar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, la normalidad comercial y la recuperación económica de la ciudad. "Junto con la red cameral reafirman su compromiso con las empresas que desarrollan su actividad en Ceuta, trasladando un mensaje de confianza que contribuya a reforzar la imagen de la ciudad como entorno seguro para vivir, invertir y desarrollar actividad empresarial", señala el comunicado emitido por la organización presidida por José Luis Bonet.
Daños para el empleo
En este punto, los empresarios ceutíes recibieron ayer el respaldo de CEOE, Cepyme y ATA. Las tres patronales emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron la responsabilidad demostrada por los empresarios de Ceuta y advirtieron de que "no puede haber inversión sin confianza, ni empleo sin seguridad, ni crecimiento sin certidumbre. La actividad empresarial, el comercio, el turismo, los servicios y la vida cotidiana de miles de familias dependen de un entorno de normalidad institucional, seguridad jurídica y convivencia".