5 de octubre, 2026 - 06h30
Es raro que un debate parlamentario sobre un tema cotidiano despierte interés mundial. Medios de todo el planeta reportaron sobre la evolución del trámite de dos proyectos de decreto enviados al Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con los que pretendía frenar la grave crisis de vivienda que afronta España, fenómeno que se extiende aceleradamente por el mundo.
La escasez de soluciones habitacionales repercute en una progresiva elevación de los alquileres, provocando tristes cuadros de desocupaciones forzadas. El problema viene de años, pero en la última década se ha acelerado. Las gotas que derramaron el vaso de la crisis fueron las lágrimas que provocó Maricarmen Abascal, anciana de 87 años, con discapacidad, que fue desalojada por no llegar a un acuerdo con los propietarios sobre el alquiler de un apartamento, por el que pagaba desde hace 50 años una suma baja para esa zona.
La mujer fue arrastrada literalmente y terminó en el hospital. Hubo marchas y patéticos reportajes en televisión. En las manifestaciones se hablaba de que el propietario del piso en cuestión era un “fondo buitre”. En realidad, pertenecía a una microempresa familiar, con un patrimonio de 400.000 euros, según los registros oficiales. Sánchez se precipitó planteando los decretos que le han salido caros. El primero limitaba los incrementos de los alquileres, suprimía los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, prohibía que los “fondos buitres” compren viviendas, prorrogaba por dos años los contratos actuales y gravaba a los “Airbnb” con un impuesto del 10 %. El segundo renovaba indefinidamente todos los contratos de alquiler.
El PSOE, el partido socialista de Sánchez, es una minoría que gobierna en alianza con la ultraizquierda, que incluye a Podemos, de ingrata recordación para los ecuatorianos. Mantienen una exigua mayoría que exige la concurrencia de todas las facciones. Esta vez, el movimiento catalanista Junts, que –en un gesto de sensatez– votó en contra. Respondía así a su electorado, que proviene en buena parte de la vigorosa clase media catalana, con un gran componente de pequeños rentistas, personas que poseen dos inmuebles, uno en el que viven y otro del que viven. Se trata sobre todo de personas mayores, a las que este ingreso extra salva de caer en la pobreza. Un reciente estudio sobre esta situación en España ha establecido que el 90 % de las propiedades arrendadas pertenece a familias o personas solas. De ellas, la mitad tiene solo dos unidades. El 10 % solo está a nombre de entidades financieras o de empresas.
Este tema es de interés para el lector ecuatoriano, pues –como hemos dicho– hay una crisis mundial de vivienda a la que no somos del todo ajenos. Las medidas como las previstas en los proyectos de Sánchez, dondequiera que se implementen, solo ahondarán la escasez de casas y apartamentos. El único remedio es una solución de mercado, en la que la seguridad jurídica para propietarios y arrendatarios provoque una oferta sostenida y responsable que estabilice los precios. Las opciones okupas y otros disparates de esta era posmoderna nos llevarán a un estallido social que nos sumirá a todos en la miseria. (O)