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EFE
19 de agosto, 2026 - 07h15
Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) subrayaron este miércoles su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) frente a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y subrayaron la necesidad de que sus jueces y funcionarios puedan actuar con independencia y sin presiones externas.
Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, publicaron un mensaje idéntico en sus redes sociales en el que mostraron su apoyo al tribunal y defendieron su labor.
“Nos mantenemos firmemente junto a la CPI, a la presidenta Tomoko Akane y a los funcionarios que defienden su misión. La CPI ayuda a brindar justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo. Para llevar a cabo esta labor esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas”, dijeron Von der Leyen y Costa.
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La CPI advirtió el martes de que las nuevas sanciones impuestas ese mismo día por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
“Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional”, señaló la CPI en una breve reacción, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.
Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal.
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“Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho”, añadió el tribunal.
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Estados Unidos incluyó el martes a ambos funcionarios en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.
La CPI rechazó las presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
“La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”, reiteró el tribunal, en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros jueces y fiscales de la CPI.
En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas a determinados casos que investiga la CPI.
La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. (I)
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