La medida busca contener nuevas alzas de los combustibles, pero los economistas advierten que esto no necesariamente significa que las familias pagarán menos que ahora.
El efecto dependerá de cuánto suban los precios internacionales, cuánto dure el subsidio y cómo se traslade el ahorro a otros costos. También hay dudas sobre a quién beneficia la medida y qué costo tiene para las finanzas públicas.
Para Benjamín Leiva, director del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), el principal efecto no será necesariamente una reducción del precio actual, sino evitar un incremento mayor.
“El beneficio de la medida no necesariamente será que las familias paguen menos, sino que paguen menos de lo que habrían pagado si el precio internacional continúa subiendo”, explicó.
El Gobierno cuenta con Q2 mil 500 millones para financiar el subsidio, mientras que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que los recursos podrían durar alrededor de tres meses.
Lo que podría lograr
El nuevo subsidio busca mantener los combustibles hasta en Q41 la gasolina superior y Q39 la regular y el diésel. Si el precio supera esos montos, el Estado cubrirá la diferencia.
Para el consumidor, esto significa que el beneficio podría estar en evitar un aumento que de otro modo sí habría llegado a la gasolinera.
“La estrategia aquí claramente fue más que reducir el precio de la gasolina y el diésel, fue evitar que sigan subiendo”, explicó Leiva.
Por ello, la medida podría:
- Evitar que una subida internacional se traslade completamente al precio local.
- Contener la presión que los combustibles ejercen sobre el transporte, la distribución y otros costos.
- Reducir parte de la presión que un aumento de los combustibles puede generar sobre la inflación.
- Proteger temporalmente al consumidor frente a nuevas alzas mientras el subsidio tenga recursos disponibles.
Leiva compara el mecanismo con una especie de seguro frente a un escenario adverso. “Mi perspectiva es que como el ciudadano debería entender esto es como un seguro”, señaló.
El consumidor podría no notar una reducción en el precio que paga, sino el aumento que dejó de pagar.
“Nosotros simplemente vamos a ver que está en Q41”, explicó. En otras palabras, el beneficio puede ser difícil de identificar porque el consumidor no necesariamente sabrá cuál habría sido el precio sin el subsidio.
El efecto va más allá de la gasolinera
El impacto del combustible no se queda en el tanque de un automóvil. La gasolina y, especialmente, el diésel forman parte de los costos de trasladar personas y mercancías.
Cuando estos costos aumentan, pueden presionar las tarifas del transporte público y extraurbano, pero también el costo de movilizar alimentos, insumos y otros productos.
Leiva señaló que el transporte enfrenta actualmente un escenario de mayores costos debido al alza de los combustibles. “Estamos en una época de crisis”, afirmó.
El economista explicó que, si el incremento del combustible se considera temporal, las empresas pueden absorberlo durante un tiempo. Pero si el alza deja de ser transitoria, puede trasladarse a los usuarios.
“Ese alza de costos, si no se compensa de alguna forma, se tiene que traducir a un alza de las tarifas”, advirtió.
“El precio de alimentos que uno recibe hoy tiene que ver con los precios de insumos que se usaron en el proceso productivo que ocurrió hace semanas atrás”, explicó.
Por eso, contener el precio de los combustibles no significa que los alimentos vayan a bajar. El posible beneficio está en evitar que nuevos aumentos en transporte y distribución agreguen presión sobre los precios.
Algo similar puede ocurrir con la inflación. Los combustibles tienen efectos directos e indirectos sobre distintos bienes y servicios, por lo que evitar un aumento mayor puede ayudar a contener esa presión.
En ese sentido, Leiva resume el alcance de la medida de manera directa: “La ley va a operar, pero solamente en evitar alzas, no en generar bajas”.
Las dudas
Para Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), el problema comienza con el mecanismo elegido.
“No fue la mejor salida establecer este mecanismo”, afirmó, al cuestionar que se haya optado por establecer precios tope subsidiados.
Prado señaló que este tipo de controles “históricamente en el país pues no ha dado buenos resultados” y consideró que habría sido preferible establecer un subsidio focalizado en los hogares con mayores necesidades. “Lo ideal sería un apoyo temporal focalizado a los grupos más vulnerables”, sostuvo.
Una de sus principales críticas es que el beneficio es general y no distingue entre la capacidad económica de los hogares.
“Lo mismo se beneficia a una familia que tiene varios vehículos que una familia que no tiene ningún vehículo y solo puede utilizar el transporte urbano”, cuestionó.
Desde su perspectiva, las personas con mayores ingresos pueden soportar mejor el impacto del incremento de los combustibles, mientras que los hogares de menores recursos enfrentan mayores dificultades para absorber el aumento de los bienes, servicios y transporte.
Prado también expresó dudas sobre la capacidad institucional para ejecutar el mecanismo. La ley contempla que, cuando los precios superen los límites establecidos, se realicen transferencias a los distribuidores, lo que requiere coordinación entre distintas entidades.
“Despierta dudas respecto a la capacidad de gestión que vayan a tener” las instituciones encargadas de este proceso, señaló.
El economista recordó que después de la pandemia el Estado ya enfrentó dificultades para administrar recursos millonarios destinados a atender una crisis. Por ello, considera que la capacidad de ejecución será uno de los puntos que deberá vigilarse.
A su juicio, lo ideal sería que el país contara con un fondo de prevención para enfrentar este tipo de emergencias económicas, de manera que el Gobierno no tuviera que recurrir a recursos que ya estaban destinados a otros objetivos
Entonces, ¿qué tan efectiva será?
La respuesta depende de qué se entienda por “efectiva”.
Si se espera que la medida haga que los consumidores paguen menos que ahora, ese no es necesariamente el efecto que plantean los economistas. El mecanismo está diseñado principalmente para evitar que una nueva subida internacional se traslade completamente al precio local.
Se deberá mediar cuánto costará al Estado conseguir ese alivio, quiénes se beneficiarán más y qué tan bien funcionará la administración del subsidio.
Para Leiva, el beneficio estará precisamente en la diferencia entre lo que las familias pagan y lo que habrían tenido que pagar si el aumento internacional se trasladara por completo.
Para Prado, en cambio, la discusión es si ese alivio podía conseguirse de una manera más focalizada y sin comprometer recursos destinados a otras necesidades del Estado.
Mientras tanto, diputados del Congreso de la República, han confirmado que el subsidio tendrá un carácter temporal. Desde ya, el Congreso se analiza crear un fondo de hasta Q3 mil millones para atender este tipo de emergencias, aunque la propuesta aún está pendiente de dictamen.
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