La violencia psicológica es hoy el delito más frecuente dentro de las lesiones personales investigadas por el Ministerio Público en Panamá y, lejos de disminuir tras el endurecimiento de las penas aprobado este año, continúa en ascenso.
Entre enero y junio de 2026 se registraron 2,792 noticias criminales por este delito, un incremento del 66% respecto al mismo período de 2025, convirtiéndose en la modalidad con mayor crecimiento entre los delitos contemplados en este capítulo del Código Penal.
El aumento resulta especialmente llamativo porque en febrero pasado la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Penal para elevar las sanciones contra quienes cometan violencia psicológica, ampliando además la protección para que la norma alcance a cualquier víctima, sin importar su sexo o edad.
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Sin embargo, las cifras oficiales muestran que el endurecimiento de las penas todavía no ha logrado persuadir a quienes incurren en este tipo de agresiones, uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de prevenir y perseguir este delito.
La reforma modificó el artículo 138-A del Código Penal, estableciendo penas de cinco a ocho años de prisión para quien, mediante amenazas, intimidación, persecución, chantaje, acoso, humillaciones, aislamiento o exigencias de obediencia y sumisión, cause violencia psicológica contra otra persona.
La ley también dispone que si se demuestra un daño psíquico comprobado en la víctima, la sanción podrá aumentar entre una tercera parte y la mitad del máximo previsto, reforzando el carácter punitivo de la norma.
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La violencia psicológica no deja heridas visibles, pero especialistas en salud mental y organismos internacionales coinciden en que puede generar consecuencias tan graves como una agresión física.
Entre sus efectos más frecuentes figuran la ansiedad, la depresión, la pérdida de autoestima, el aislamiento social, el miedo permanente, el estrés postraumático y, en los casos más severos, pensamientos suicidas.
Debido a que suele manifestarse mediante conductas repetitivas y de difícil prueba, muchas víctimas tardan años en denunciar o nunca llegan a hacerlo.
El informe estadístico del Ministerio Público revela que la violencia psicológica representa casi la mitad de todos los delitos de lesiones personales registrados durante el primer semestre del año.
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De las 5,854 noticias criminales contabilizadas, 2,792 correspondieron a esta modalidad, superando ampliamente a las lesiones personales simples, que sumaron 2,094 casos.
Las estadísticas también muestran que Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias por violencia psicológica, con 1,088 casos, seguida por Panamá Oeste, con 559; Chiriquí, con 271; Veraguas, con 181; San Miguelito, con 175; y Coclé, con 155. Estas cifras reflejan que el fenómeno afecta tanto a las provincias más pobladas como a otras regiones del país.
Aunque el crecimiento de la violencia psicológica es el dato más preocupante del informe, no fue el único delito que aumentó. Las lesiones personales simples pasaron de 1,714 a 2,094 casos, un incremento del 22%, mientras que las lesiones culposas simples aumentaron de 606 a 762 , equivalente al 26%.
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Más preocupante aún resulta el comportamiento de las lesiones personales con resultado de muerte, que crecieron un 167%, al pasar de seis a 16 investigaciones durante el mismo período.
En contraste, las lesiones personales agravadas disminuyeron un 21%, al bajar de 129 a 102 casos, mientras que las lesiones contra servidores de seguridad pública descendieron un 32%, pasando de 129 a 88 investigaciones.
A pesar de estas reducciones, el balance general refleja que los delitos de lesiones personales aumentaron un 37% en el país, al pasar de 4,264 casos en el primer semestre de 2025 a 5,854 durante el mismo período de 2026.
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El incremento del 66% registrado después del endurecimiento de las penas evidencia que la reforma penal, por sí sola, no ha logrado frenar el crecimiento de este delito.
Especialistas consideran que, además del aumento de las condenas, será indispensable fortalecer la prevención, incentivar la denuncia, ampliar la atención psicológica a las víctimas y mejorar la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar oportunamente una forma de violencia que no deja lesiones físicas visibles, pero que puede ocasionar daños permanentes en la salud mental y la calidad de vida de quienes la padecen.